Araceli Mangas*

La decisión de una mayoría nada holgada del pueblo británico va a abrir una caja de Pandora. De momento, los daños son astronómicos en términos económico-financieros. La incertidumbre del resto de daños, fundamentalmente, ligados a la eventual desestabilización de Europa son incalculables. Todo Estado, incluso los Estados más fuertes y organizados de Europa, son estructuras sensibles que se pueden desvencijar por movimientos populistas; desestabilizar y desorganizar un Estado es posible cuando la carcoma del nacionalismo y populismo anida en su interior y en los últimos años ha ido en aumento junto a la falta de confianza en la democracia. Al menos en España es el primer país europeo que logra frenar el populismo extremista. Buena noticia en este marasmo angustioso.

El lenguaje adecuado y los procedimientos forman parte de la pedagogía de la integración, de la civilización. Y no hemos sabido decir a los británicos, menos aún sus partidos políticos y los medios de comunicación ni se escuchó la voz del Parlamento Europeo, que los nacionales de los Estados miembros que se desplazan dentro de la Unión no son migrantes. Tienen un derecho de libre circulación y residencia similar a los propios británicos dentro de su territorio; que compartimos ciudadanía de la Unión, como lo son los británicos que viven entre nosotros, en espacial en España. Y aunque hubiera una minoría que hace turismo de bienestar a la caza de ayudas no contributivas, la inmensa mayoría de ciudadanos de la UE de diferentes Estados miembros han contribuido a la riqueza del Reino Unido.

Por ello, todos los ciudadanos de la UE desplazados al Reino Unido y que hayan adquirido el derecho de residencia nada deben temer, incluido su derecho a trabajar o mantener sus negocios; lo mismo los ciudadanos británicos que la hayan adquirido en España o cualquier otro Estado miembro. El Convenio de Viena sobre el derecho de los tratados garantiza el respeto a los derechos adquiridos durante la vigencia de un tratado, y tras su expiración a permanecer y trabajar en esas condiciones, limitados los derechos al Estado de residencia.

También el Gobierno y los partidos políticos británicos debieron haber abierto los ojos a sus conciudadanos de las consecuencias para su propia unidad nacional. La irresponsabilidad de Cameron y del Partido Conservador, junto a la cobardía del líder laborista, es descomunal al haber puesto en almoneda a su propio Estado, primero con el referéndum escocés y, luego, con el de retirada de la UE. La mayor herida autoinflingida por el propio Gobierno británico pasará a la historia del Reino Unido y Europa.

Cuando Escocia planteó la independencia, la seguridad de que la independencia les dejaba fuera de la, a pesar de todo, confortable casa común europea, pesó decisivamente en el referéndum escocés adverso a la independencia. Tiene bastante razón política la primera ministra de Escocia al pedir un nuevo referéndum.

Lo que no es aceptable bajo ningún concepto, ni jurídico ni político, es que Escocia intente negociar o contactar ahora con los Estados miembros o las instituciones de la Unión. Sería un error de incalculables consecuencias para la UE y los Estados miembros. No desatemos, además, la bolsa de los vientos maléficos, como en el Ulises de Joyce.

Las reglas son para todas las regiones o partes de un Estado. Para todas. Escocia sólo podrá solicitar el ingreso en la Unión, y acercarse a ésta y a sus Estados miembros con ese fin, cuando haya consumado un largo proceso. Primero, tiene que dejar de ser miembro de la UE el propio Reino Unido y, por lo pronto, esto llevará meses o años, a lo sumo de forma regular dos desde la notificación oficial de retirada. Hasta entonces, ni agua a Escocia. Nadie en la UE debe caer en esa trampa, España menos.

Que Escocia quiera acelerar o llevar en paralelo su proceso de referéndum para la independencia, eso es un asunto interno, sin ningún tipo de acción desleal por parte de los Estados miembros, menos aun España, ni de las instituciones europeas. Cuando lo haya consumado, con los deberes internos cumplidos en el Reino Unido, entonces será bienvenido.

Como casi todos vivimos bajo el shock del resultado del referéndum británico, en Gibraltar han perdido la cabeza. Podría dar para otra tribuna. Gibraltar quiere dejar de ser inglés. Gran noticia. Pero calma. Después de 312 años de dominio inglés, ahora quieren pasar a dominio escocés. ¿Cuándo? ¿Antes o después de lograda la independencia de Escocia? Siguiendo con la broma, este mar de angustia tiene mucha relevancia a la luz de la última cláusula del Tratado de Utrecht.

Esa petición de Gibraltar está bien pensada, con picardía; y mucha ingeniería jurídica. No tiene fundamento jurídico, pero no está hecha en el aire.

Para ejecutar una sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (asunto Matthew, 1999) hubo que habilitar que los ciudadanos gibraltareños pudieran votar en las elecciones al Parlamento británico. Para ello se construyó la ficción jurídica -nada extraña en el derecho electoral y lo hacemos con los residentes en el extranjero- de adscribir a los ciudadanos gibraltareños a una circunscripción municipal de Gales o Inglaterra. Así lo hizo mediante ley el Parlamento británico en 2003 y los votos de los gibraltareños se añaden a los de un municipio del suroeste de Inglaterra. Claro, como es habitual, para fastidiar siempre a España (y hacer que nuestro mal reviva, “por que mis hijos llore y los cuente cada un día, sus hombres a mis ventanas las siete piedras me tiran”, Romance de los siete infantes de Lara), el Reino Unido extendió el derecho de votos a todos los nacionales de la Commonwealth. Ahora todos ellos quieren que les desenganchen y sean transferidos a Escocia. Ingenio. Repito, picardía, que no viene de Picardo.

Alguien no se ha querido enterar que una cosa es la adscripción del electorado a una circunscripción electoral y otra el derecho de representación del territorio de Gibraltar. Además de que esa adscripción es a efectos de las elecciones al Parlamento europeo. Los territorios no están representados en el Parlamento europeo, sino las personas, los ciudadanos de los Estados miembros. Se resolvió con aquel enganche a un municipio inglés para habilitar el voto, pero no forma parte de Inglaterra. Ni podrá formar parte de Escocia. Su potencia administradora es Reino Unido y el traspaso a un tercero (Escocia) requiere el consentimiento de España. Gibraltar está sujeto a un estatuto jurídico internacional territorial especial distinto al de la metrópoli que lo administra.

Gibraltar está angustiado. No es el único en el planeta Tierra. Y como no hay mal que por bien no venga, aprovechemos la nueva etapa para negociar y llegar a un acuerdo razonable. No hay que asaltar los cielos, sólo lo razonable.

*El Mundo. Araceli Mangas Martín es catedrática de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales de la Universidad Complutense de Madrid, y miembro de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas de España.